domingo, 3 de febrero de 2013

LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y EL PATRIMONIO DEL PRESIDENTE MARIANO RAJOY.




La semana que entra, sabremos el contenido de la declaración de la renta y el patrimonio del presidente Mariano Rajoy, con lo cual sabremos exactamente el dinero que tiene (claro, del dinero negro no podremos saber absolutamente nada, ya que escapa a esos controles, con lo cual de nada valen las “declaraciones juradas”), en principio se supone que cobra como presidente del gobierno más o menos 78.185 euros anuales, después del recorte de Zapatero de un 15%. Luego tiene el sueldo de presidente del Partido Popular, estimado en unos 149.000 euros anuales, partido que se financia especialmente con las subvenciones del gobierno (los donativos de particulares o empresas, así como las cuotas de afiliados, son cantidades mínimas e insignificantes). Como funcionario, conserva la plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, provincia de Alicante. Se dice que el sueldo anual de un registrador de la propiedad es de 1,3 a 1,8 millones de euros anuales. En calidad de registrador, al no estar actualmente trabajando como tal, recibe el 25% del sueldo de su sustituto. Y de momento desconozco si recibe más sueldos de otros sitios. Por lo tanto Mariano Rajoy recibe más de 325.000 euros al año de este trabajo. Con lo que en total Mariano Rajoy cobra más de medio millón de euros anuales procedentes de los impuestos que pagamos todos los españoles, uno de los sueldos más altos de la política española, y claramente insultante en un país con más de 6 millones de parados, con más de un 60% de sus trabajadores cobrando por debajo de los 1000 euros mensuales, y cientos de miles de parados con una ayuda limitada de apenas 426 euros.

Aparte, lo insultante aquí es que un registrador de la propiedad, tenga que cobrar tan inmensas y escandalosas cantidades de dinero. En la Antigua Roma, las encargadas de guardar los testamentos y escrituras (registros de propiedades), eran las vírgenes vestales, que además también servían al Pontífice Máximo, en la Domus pública, sede del máximo sacerdote romano y el edificio público más importante de toda Roma, donde también estaban guardados todos los testamentos y demás documentos de propiedad de los ciudadanos romanos, desde el acaudalado terrateniente que tenía miles de hectáreas de cultivo con miles de esclavos, hasta el ciudadano más modesto que tan sólo tenía un par de cerdos en propiedad junto con alguna esclava y viviendo en alquiler, y apenas a nadie se le cobraba por ese servicio público. Si en la Antigua Roma apenas no se cobraba nada a los ciudadanos (ni al más pobre) por ese servicio, ¿por qué los registradores españoles han de cobrar esos abusivos sueldos?.  Con lo cual quiero indicar que en este sentido mi crítica va contra la casta de los funcionarios que pueden formar también una corporación cerrada de “ladrones” que se aprovechan de las necesidades de tener legalizadas sus propiedades los ciudadanos, en defensa de sus privilegios y sus cargos vitalicios, mientras buena parte del pueblo español sufre permanente pobreza crónica e incierta. Algo de verdadera vergüenza en los tiempos de crisis, de recortes y de austeridad que se exigen por parte del gobierno.

Ladrones de la cosa pública, que al botín lo llaman “impuestos” ahí están, pero pronto conoceremos la fortuna de Mariano Rajoy, que seguramente a más de uno le parecerá completamente insultante. Pero que no extrañe a nadie, porque incluso a los multimillonarios la declaración de la renta les sale “a devolver”, y por eso todo el mundo elude todos los impuestos que puede, siendo la existencia del dinero negro en más cantidades de lo que imaginamos, sobretodo entre la gente adinerada.

Claro que se habría que establecer por ley un sistema de incompatibilidades entre los políticos: con un solo sueldo público basta, y además no más allá de 3 ó 4 veces el salario mínimo vigente, con lo cual se evitaría el robo y abuso del dinero público, convirtiendo la política en una vocación de servicio al pueblo, y no en el negocio fácil de la casta política y funcionarial a costa de las cargas tributarias sobre el pueblo.