¿Las CCAA gastan más de 700
millones de euros en 2011 en tapar el agujero de sus TV autonómicas?. Eso es el
importe del subsidio de 426 euros de casi 140.000 parados en un año, y es
dinero que se arroja inútilmente a la basura. Para este despilfarro, lo
mejor sería vender o cerrar todas las televisiones públicas, cuya ineficacia en
la gestión, conlleva muchos enchufes inútiles que no tienen que competir (como
ocurre en todo lo público), con lo que inevitablemente genera una enormidad de
gastos y despilfarros, cuya factura al final tiene que ser soportada por los
sufridos contribuyentes en el pago de sus impuestos. Las televisiones privadas
(Antena 3, Tele 5, etc..), no sólo no cuestan ni un céntimo a los contribuyentes,
sino que además generan los beneficios con los que mantenerse y pagar a sus
empleados, y cotizan en bolsa, y la emisión de sus contenidos no son
necesariamente de una calidad inferior al resto de las televisiones públicas,
aparte de que para mantenerse en antena, tienen que competir, es decir, se lo
tienen que currar bien, o se van al garete. Está claro que las televisiones
públicas nunca fueron un buen negocio para el Estado, salvo para ser usadas
como herramientas a favor de los intereses partidistas, que nunca son los
intereses a favor del conjunto de los españoles que lo sufren con sus impuestos
al pagar un dinero que se despilfarra inútilmente. Hay que fomentar las cadenas
privadas, con total libertad de expresión y sin censuras, informando sobre las
verdades, compitiendo con los demás medios, internet incluido, y que cada
ciudadano mire la cadena que más le guste, sin que le haya costado ni un solo
céntimo en impuestos.
LAS
PRINCIPALES CADENAS YA HAN CERRADO SUS CUENTAS DE 2011
Las CCAA gastan más de 700 millones en tapar el agujero de sus TVautonómicas
CONTENIDO DE LA NOTICIA EN “EL CONFIDENCIAL”, DE 20 DE
OCTUBRE DE 2012:
La deuda conjunta de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y
Comunidad Valenciana supera los 105.000 millones de euros. Un agujero brutal
que no les impidiósacar de sus cuentas más de 700 millones en 2011 para
financiar sus deficitarias televisiones autonómicas. La Generalitat
catalana, confiada a sucesivas emisiones de bonos
patrióticos para repagar su
deuda, no tuvo reparo en subvencionar la suya con más de 278 millones de euros.
Se lleva la palma. La ley aprobada por el PP que permite privatizar las cadenas
terminará utilizándose por los gobiernos regionales para externalizar
determinados servicios. En el fondo, nadie parece dispuesto a renunciar a tan
codiciado altavoz político. Que bajen la persiana es una utopía.
Los datos asustan. Telemadrid
perdió 116,82 millones el año
pasado, montante que el Ejecutivo regional
se compromete a cubrir para garantizar la continuidad de la cadena.
En esta línea, Radiotelevisión Valenciana (Canal 9) arrojó un saldo negativo
de 136,84 millones, si bien el Gobierno valenciano sólo destinó una partida
de 77,2 millones para compensarlo y tendrá que afrontar el agujero extra en
posteriores ejercicios. Por su parte, José
Antonio Griñán y Patxi López otorgan aCanal Sur y ETB subvenciones
de explotación por valor de 121,46 y 111,14 millones, respectivamente.
Sumas que no les alcanzan, en tanto registraron pérdidas adicionales de 22,48 y
5,64 millones. Un auténtico pozo sin fondo.
Apenas un vistazo a las cuentas de las diferentes cadenas públicas
explica porque los números no salen. Y el problema es de origen, en tanto
solo los gastos de personal con los que parten duplican la facturación anual.
Sin la subvención, la nada. Las cinco televisiones pagaron a
sus profesionales el año pasado un total de 327,91 millones de euros,
mientras que la cifra de
negocio conjunta se quedó en 177,32 millones. TV3 mantuvo una plantilla
media en el ejercicio de 2.000 personas, incluso por encima de los 1.959
trabajadores que manejó en 2010. Grupos como Telecinco o Antena 3, que
gestionan siete canales tras absorber Cuatro y La Sexta, respectivamente, no se
acercan ni de lejos a los mil trabajadores.
De hecho, las privatizaciones no sólo chocan con el interés
político de los gobiernos regionales, sino con unas empresas que en 2010 contaban en sus filas con casi
11.000 profesionales. “Para entrar, es imprescindible que se adelgace la estructura y que se
reconozca la deuda. A partir de ahí, se podrán producir informativos y
programas cultural-divulgativos”, aseguraba recientemente Raúl Berdonés, fundador de
Secuoya, uno de los grupos mejor colocados para el proceso tras su acuerdo con N+1.
Telemadrid y Canal 9 tienen en marcha sendos expedientes de regulación de
empleo. En el primer caso, saldrán de la sociedad entre 700 y 800 trabadores;
en el segundo, 1.200. En ambos casos se elimina el 70% de la plantilla.
Auditorías olvidadas
Las auditorias no han permanecido en silencio ante un
modelo deficitario que obliga a la mayoría de cadenas a afrontar quiebras
técnicas anuales, de las que
sólo pueden salir con financiación adicional del gobierno regional de turno.“Como
consecuencia de las pérdidas incurridas –reza el informe de KPMG a las últimas
cuentas de Telemadrid-, el patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre de
2011 resulta negativo en un importe de 99.574.746 euros (85.768.116 euros al 31
de diciembre de 2010) y consecuentemente, inferior a la mitad de la cifra de
capital social, por lo que, de acuerdo, con el artículo 363 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, está en causa de disolución”.
Eso sí, la empresa argumenta que “no existe duda en cuanto a la
continuidad de las operaciones de la sociedad, dado que el Accionista Único ha
expresado por escrito (…) su compromiso de apoyar financiera y
patrimonialmente a la sociedad para que pueda ejercer sus actividades con
normalidad”. Un patrón que se repite con Canal Sur o con la Radiotelevisión
Valenciana. En este último caso, Ernst&Young cuestiona la capacidad de la
sociedad para sobrevivir, en tanto “existen incertidumbres significativas sobre
la capacidad de la sociedad para continuar su actividad y para realizar sus
activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con
que figuran en las cuentas anuales adjuntas”. Incluso la ETB vasca admite que necesita el “apoyo financiero
explícito” del Gobierno vasco para
restituir su situación patrimonial.
En algunos casos, esas estrecheces han afectado decisivamente al
pago a proveedores. Por ejemplo, en el caso de la Televisió de Catalunya el plazo medio de los pagos
que han excedido el límite legal se sitúa en 351 días, casi un año. Es más,
de los desembolsos efectuados en el ejercicio, que ascendieron a 264,1
millones, un total de 79,67 millones se abonaron fuera de los plazos
que estipula la legislación. Todo un indicativo de los problemas de
tesorería que atraviesa la casa, y sobre los que no tiene en exclusividad.
Canal Nou admite que debe a corto plazo a proveedores la
friolera de 160,91 millones de euros. Incluso reconoce que los aplazamientos
en los pagos que sobrepasan el plazo legal alcanzan un importe de 117,24
millones. Unas cargas que contrastan con las cuentas a cobrar a corto, que
apenas suponen 23,09 millones.
Con estos números, ¿cierre o privatización? “Muchas ya no
están a tiempo para llevar a cabo procesos de este tipo –se asegura desde una
televisión-. Están abocadas a cerrar. Nunca ha habido un mercado
publicitario regional. Sólo lo hay nacional, y en estos tiempos apenas llega
para Telecinco y Antena 3. Es lo que hay”. Un ejecutivo del sector, más
moderado, se limita a apuntar que están en peligro de extinción: “Lo que la
gente quiere ver vale dinero. Y de lo que se está hablando es prácticamente de
desguazarlas. Hablamos de audiencias muy bajas. Y de un negocio de
márgenes muy pequeños. Para que sobrevivan, habrá que aceptar ese cambio de
modelo y acometer EREs brutales. Hacer televisiones con 25 personas, como si de
delegaciones se tratara. ¿Qué empresa privada va a entrar en esos canales si
no?”.
