Tras la aprobación de los presupuestos de 2014 por parte del
gobierno Rajoy, ha agradecido a los funcionarios su “congelación del sueldo”,
sin cuyo sacrificio “no sería posible salir de la crisis”.
Pues menuda farsa. ¿Y los parados, Sr. Rajoy?, ¿y los
cientos de miles albañiles sin trabajo que agotaron prestaciones y subsidos por
desempleo?. ¿Y todos aquellos otros ciudadanos españoles y sus familias, que
por falta de trabajo sufren la pobreza y la miseria,….no se piensa en esos, Sr.
Mariano Rajoy?
En realidad los funcionarios son los grandes beneficiados de
la crisis: estadísticas recientes indican que más del 60% de los asalariados de
nuestro país ganan menos de 1000 euros mensuales, con la contradicción de que
más del 60% de los funcionarios ganan más de 2000 bonitos euros mensuales. Además los funcionarios tienen el privilegio
de puesto y nómina vitalicia, cosa que les impide competir y aportar más
valores y más eficacia en el desempeño de sus tareas, con lo cual tienden a
relajarse y a ofrecer un servicio así como un rendimiento cada vez peor, ya que
en el sector público todos están tranquilos que todo lo paga el Estado,
mientras que el sector privado tiene que luchar y espabilarse para poder
sobrevivir y obtener unas ganancias que muchas veces no llegan.
Lo cual en comparación a los otros trabajadores que no
disponen de esos privilegios (cargo y nómina vitalicia), se puede decir que los
que no pertenecen a la casta funcionarial son como unos ciudadanos de segunda
que no cuentan con el amparo y protección del Estado: si no trabajan como se
espera de ellos, se les tira a la calle, o si la empresa sufre una crisis y se
va al garete, igualmente son tirados a la calle, con todo lo que les supone de
pérdida de ingresos económicos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Y
así es el trayecto del parado: se queda sin trabajo, cobra una prestación de
paro en función del tiempo cotizado, y si sigue sin encontrar trabajo, a
continuación una miserable subvención de desempleo de 426 euros en función de
su edad y situación familiar (todo ello por un tiempo limitado), que tienen que
complementar con los ahorros (si los tienen), y cuando eso se acaba, al final
no les queda otro remedio que vivir de la caridad. Esta es una situación en la
que nunca se va a encontrar un funcionario, lo cual pone una situación de
injusticia y de desigualdad ante la ley y el Derecho, donde los funcionarios
son unos privilegiados que viven a expensas de los otros trabajadores no
funcionarios que pagan obligatoriamente sus impuestos, y los no funcionarios tienen
que asumir el riesgo de que pueden terminar en la pobreza y en la exclusión
social.
Por otra parte, los funcionarios se benefician de la crisis
en el sentido de que tienen a su abasto: vivienda más barata, stocks de muebles
y electrodomésticos más baratos, compra de coches más baratos (Planes PIVE), y
la contratación de todos los servicios les sale más barata debido a la brutal
caída del precio de la mano de obra debido a la crisis y el escandaloso
desempleo existente en el que la gente más apurada, ante la necesidad de
dinero, se ofrece por un sueldo de miseria. Claro que para el pago de la luz,
alimentación, carburantes, gastos escolares, subida del IVA, etc.. les ha afectado
como a todos los demás; pero no cabe duda de que el parado se ha llevado la
peor parte, y se merecería muchísimo más las disculpas del gobierno, que no
dárselas a los funcionarios, que a pesar de su congelación de sueldo, por otro
lado la crisis les ha puesto a su abasto muchas cosas a precio de ganga que
parece que aún hayan aumentado más su poder adquisitivo.
Eso es un grave desequilibrio y una gran injusticia que
institucionaliza una sociedad de castas, donde una gran masa (en su mayor parte
parasitaria) de millones de funcionarios son mantenidos por el Estado, y la
inmensa mayoría son ciudadanos de segunda (con empleo o sin empleo), y hasta de
tercera, sin los privilegios y el amparo de la nómina vitalicia de la que
disfrutan los funcionarios. Si nadie tuviera el privilegio del cargo y la
nómina vitalicia a costa de los impuestos que pagan los demás, los gobiernos se
preocuparían más en crear esos puestos de trabajo que buena falta nos hacen
para poder obtener más recaudación para los gastos de la cosa pública, ya que
en vez de mantener inútiles y parasitarios funcionarios que cuestan al país una
sangría, habrían más recursos para destinarlos en combatir el paro. Y para
poder crear empleo hace falta que la gente esté motivada para trabajar, emprender
, tener proyectos de futuro, y dar impulso al país, que tiene que ser
suprimiendo los impuestos que penalizan el trabajo y abolir las normativas para
sustituirlas por el sentido común, y que sea el mercado que ponga las cosas a
su sitio, favoreciendo la eficacia, el buen servicio y la excelencia, y
excluyendo todo lo demás: la ineficacia, la gandulería, el mal servicio, etc..
Por eso se tendría que acabar de una vez con todas con los
privilegios de la costosa, parasitaria e ineficiente casta funcionarial, y se
tendrían que fomentar políticas de creación de empleo en las que hayan buenas
oportunidades de trabajo para todos sin los miedos que provocan los impuestos y
las absurdas exigencias normativas. Las reglas del juego y las oportunidades
teóricamente tienen que ser iguales para todos, y por eso no se deberían de
consentir los privilegios de cargos y nóminas vitalicias mantenidas y costeadas
por el Estado a través de los impuestos que cobran al resto de los
contribuyentes sin esos privilegios, y por ende más injustamente tratados.
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