He
aquí el contenido de un texto que circula por internet, y del cual habría que
darle difusión, en aras de la total transparencia sobre lo que ocurre en las
instancias del poder, y que no es habitual que salga en los telediarios. Es
comprensible que “la justicia no es igual para todos”, ya que siempre ha sido
así desde la época de las cavernas, que en la cárcel existen muchas personas cumpliendo
condenas desproporcionadas por un delito pequeño (y a veces completamente
inocentes), y en la calle hay mucha gente supuestamente culpable de variedad de
delitos (algunos de ellos muy gordos) que se pasean tranquilamente como si la
cosa. En teoría la ley debería de ser igual para todos, y lo mismo las
condiciones para los indultos, pero aquí se ve que pesan las influencias y el
favoritismo, propios de un estado corrupto, tanto por parte de su casta
política, como por parte de su casta judicial de la nómina vitalicia a costa de
los impuestos obligatorios que paga el pueblo, en la que muchas cosas de
naturaleza judicial están a capricho de los fiscales, jueces y hasta el propio
gobierno, según sus conveniencias e intereses. Claro que con la justicia,
cuanto más corrupto es el Estado y sus dirigentes, más vale aquello del
proverbio de que “el que no tiene padrinos, no se bautiza”, y menos se
“bautiza” cuando hay un ministro de la talla como Alberto Ruiz Gallardón para
el que “el que quiera justicia” se la pague, con lo cual ya hay una variedad de
“justicias” a la medida del bolsillo y las influencias de cada interesado. Os
dejo con el escrito, para que se difunda, y podréis juzgar si esto es hacer
“justicia”:
El 27 de diciembre de 2011, tras ocho años de litigios y apelaciones, el Tribunal Supremo emitió un fallo definitivo sobre el caso, confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se condenaba a Ríos Salgado a una pena de 13 años de prisión por «un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños».
Opel también fue condenada como responsable civil subsidiaria por la Audiencia Provincial de Valencia.
El 7 de diciembre de 2012, el consejo de ministros, a propuesta del ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó el Real Decreto 1668/2012, por el que se indulta al homicida, conmutándose la pena de prisión por una multa de 4380 €. La decisión se tomó en contra de las recomendaciones de jueces, fiscales y víctimas. Ríos Salgado solo ha pasado en la cárcel diez meses.
Multitud somos los indignados por tan inexplicable medida de gracia del Sr.Gallardón, pero especialmente la asociación de víctimas Stop Accidentes.
¿Por qué el Gobierno indulta a un kamikaze?
¿Por motivos humanitarios? No
¿Por haber sido víctima de un error judicial? No.
¿Entonces?
Porque el indultado es primo del consejero de sanidad de Cospedal.
El bufete de abogados que defendió al homicida, natural y vecino de Guadalajara, es el mismo en el que trabaja José Ruiz-Gallardón Utrera, hijo del ministro de justicia, y aunque no llevó personalmente el caso, el letrado que lo hizo es Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, Secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno Aznar. El kamikaze indultado es, qué casualidad, primo del diputado por la provincia de Guadalajara y actual consejero de sanidad de Castilla La Mancha, José Ignacio Echaniz Salgado.
¿Se entiende ahora?
