Asco de parlamentarios y de gobierno: el verdadero debate no
debería de ser el aforamiento del Rey Padre, sino de cómo anulamos todos los
más de 10.000 aforados entre políticos y magistrados de la judicatura que
tenemos en España. Nadie debería de estar por encima de ninguna ley, y nadie
debería tener la ventaja de ser juzgado en un tribunal manipulado por el
ejecutivo y legislativo, e igualmente comprado por el ejecutivo con suculentas
pagas y otros privilegios a cambio de indirectos e interesados favores.
Teóricamente todos los españoles deberíamos ser iguales ante la ley, nadie
debería de estar por encima de nadie con los privilegios de la condición de
aforado, y en todo caso las penas contra magistrados deberían de ser mucho
mayores si están probadas, dada la naturaleza de pertenecer al colectivo de la
judicatura que tendrían que ser los primeros en dar buen ejemplo con las
propias leyes que aplican y por las que se supone que velan.
Pero como los propios parlamentarios y gobierno son los
primeros que se benefician de la condición de aforados, son también los primeros
interesados en los aforamientos sigan y se mantengan, aunque sea una tomadura
de pelo al resto de los ciudadanos que quedan claramente discriminados en sus
derechos, convirtiéndose en ciudadanos de segunda, tercera o más categoría, en
relación con los privilegiados aforados. Igual que ser funcionario tiene el
absurdo privilegio de disponer plaza y nómina vitalicia pagada por el resto de
los ciudadanos sobre quienes pende encima la sombra de la incertidumbre, la
precariedad y el desempleo, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda ante el derecho constitucional al trabajo,
por citar un ejemplo.
Por eso no es de extrañar que el nuestro sea el país de la
corrupción, de los robos y estafas a la cosa pública por todos los lados, y en
donde casi nadie va a la cárcel por tales motivos, y mucho menos se devuelve el
dinero público robado.
En otros países libres y democráticos, apenas no existe la
condición de aforado, y ante la Justicia los ciudadanos son mirados
aparentemente con la misma vara, sin apenas distinciones diferenciadoras:
"si yo no tengo aforamiento, tú tampoco, aunque seas político, Rey o
juez". Aparte también de que en algunos otros países, los jueces, fiscales
o jefes policiales no son funcionarios de nómina vitalicia, sino elegidos
democráticamente por el pueblo cada determinado tiempo. Cosas, que desde luego
son mejorables, y que ayudarían mucho en erradicar la corrupción tanto política
como judicial.
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