Ayer al mediodía se conoció la noticia de que los tribunales
obligaron a la readmisión de los trabajadores por el ERE del Canal 9 (la
televisión pública de la comunidad valenciana), pero por la noche se daba la
noticia de que el gobierno valenciano decidia el cierre de la cadena de
televisión por ser inasumibles los costes de readmisión de los trabajadores,
prefiriendo cerrar la televisión pública antes que cerrar un hospital o una
escuela, por falta de presupuesto, decisión que bien puede decirse que es
acertada.
Ya sabemos que la justicia española es corrupta, de casta,
manipulable e injusta, porque en este caso si se obliga a readmitir a unos
supuestos trabajadores, que cuentan con todos los privilegios de los funcionarios,
a costa de las administraciones públicas que se financian con dinero de los
contribuyentes, ¿cómo se readmiten todos los más de 6 millones de parados,
haciendo “justicia” para ellos, con otra paga mínimamente digna para ellos a
cargo de los contribuyentes?. Claro, es algo que no sería viable
económicamente; y sin embargo es injusto mantener funcionarios de por vida,
sencillamente porque en su momento tuvieron la suerte de encontrar enchufe en
un organismo público, que como todos los entes públicos, se financia con los
impuestos involuntarios del resto de los ciudadanos.
La realidad de las televisiones públicas es que son un nido
de enchufados, de gentes que disponen de buenos sueldos y muchos privilegios, muchos
de ellos colocados a dedo por el poder político, y con muy pocas ganas de
trabajar eficazmente y competir debidamente, con lo cual las hacen bastante
deficitarias, y siempre se tienen que tapar los escandalosos agujeros de los
costes, pasando la factura a los contribuyentes. Y por si fuera poco, en
realidad acaban convirtiéndose en los aparatos de “prensa y propaganda” del
gobierno de turno, que los unta con toda clase de subvenciones y colocando a
sus periodistas y demás gentes afines, para que emitan en antena aquello que
indirectamente les interesa o les beneficia.Y eso tiene que acabarse.
Existen otras conocidas televisiones privadas, como Tele 5,
o Antena 3, que no solo se procuran buenos profesionales para poder competir en
un mercado muy agresivo de audiencias, sino que además buscan financiación
saliendo en Bolsa. Y esas televisiones privadas, no sólo no nos cuestan ni un
duro a los contribuyentes, sino que además aportan por la parte que le
corresponde los tributos con los que pagan al Estado. Y además ofrecen mejor
calidad en los programas que emiten, con muchísimo menos personal, recursos y
medios de los que disponen las cadenas públicas. Si es así, es evidente que
algo va muy mal en las cadenas públicas, y además nos sale muy caro a los
contribuyentes.
Por eso lo correcto es cerrar todas las televisiones
públicas, acabar con los privilegios de cargos y enchufes que estas suponen, y
que los empleados despedidos busquen sus oportunidades de trabajo en las
cadenas privadas, acorde con sus capacidades, talentos y méritos, como cualquier
otro hijo de vecino.
Por eso, de ser presidente, cerraría todas las cadenas de
televisión públicas, igual que muchos otros organismos públicos, que suponen un
enorme despilfarro a costa de todos los contribuyentes, y no aportan nada de
positivo para el país. El país lo que necesita es empresas donde se trabaje en
serio, se pueda competir, y contraten al personal por méritos, capacidades y
rendimientos, y no por intereses políticos ni para colocar enchufados o
funcionarios parásitos de por vida, que no necesitan competir por tener cargo y
nómina vitalicia; y además que se supriman en todo lo posible todos los
despilfarros existentes, y con ello todos los costes que suponen en impuestos. Hay
que volver a los valores del esfuerzo, del mérito, de la honestidad y de la
honradez, y además fomentarlo en toda la vida ciudadana del país.
