Hace pocos días me enteré de la sentencia que tras largos
meses de proceso judicial, condena a la famosa cantante Isabel Pantoja a 2 años
de cárcel (que no cumplirá por no tener antecedentes penales), y al pago de una
multa de poco más de un millón de euros, por su complicidad con un caso de
corrupción. Y automáticamente pensé en el caso del yerno del Rey, Iñaki
Urgandarín, y en los miles de casos de corrupción que duran largos meses, con
muchos miles de millones estafados o robados al erario público de por medio, y
que no sólo terminan en sentencias en las que no hay casi ningún castigo para
nadie, sino que además ni consiguen recuperar el dinero robado o estafado,
cuando en el caso de la joven madre soltera y sin recursos económicos Emilia
Soria le cayeron 2 años de cárcel por haberse encontrado con una tarjeta de
crédito y haber sacado con ella 200 euros para gastárselos en comida y pañales
para sus hijas ya que carecía completamente de recursos, y para eso sí: apenas tardó
15 días la justicia española en resolver el caso, cuando lo que debía haber
hecho es derivar el caso a la asistencia social más próxima para que le buscara
algún tipo de ayuda pública con la que poder subsistir. Lo de Emilia Soria es
un caso bastante común entre los españoles, en que la justicia maltrata a unos
y libera a otros, en la que no es igual para nadie, aunque lo aparente el
mandato constitucional, pues no es lo mismo ser pobre que ser rico, ni ser
famoso que ser desconocido. Los jueces son fácilmente corruptibles, también se
les mete el miedo y procuran por un lado aprovecharse de las circunstancias
para obtener dinero negro y por el otro evitarse lios, con lo cual quien paga
la injusticia (porque justicia no hay) de verdad son los más débiles, y los
fuertes con recursos con un poco de suerte se libran de ella, ya que pueden
comprar testimonios, inventar o falsear pruebas, y corromper tanto a jueces,
como a fiscales y abogados propios o ajenos. Y eso de que ahora incluso la
justicia es de pago para cualquier demanda, querella o denuncia, por obra y
gracia del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Con lo cual la "justicia" es para los ricos, al poder pagársela, y los pobres, como siempre, ¡qué se jodan!.
Aparentemente nunca he sido partidario de las cárceles, y
dudo de que estos castigos fueran provechosos o corrigieran algo en algún
ciudadano desviado más allá de la línea de lo permisible.
Soy más partidario de que las penas se sustituyan a cambio
de una compensación económica para el Estado como otra fuente de ingresos más
que ha de repercutir en beneficios para la propia sociedad. Quien roba, no sólo
ha de quedar obligado a devolver y restituir lo robado, sino que además ha de
pagar una fuerte multa, que si no puede pagarse al momento, se puede pagar por
plazos según condiciones y circunstancias de cada uno fijadas bajo vigilancia
judicial. Sin tener que pasar necesariamente por la privación de la libertad
que supone para el individuo, aparte que esa misma privación de libertad supone
un enorme gasto para el Estado (gasto que incluso en España supone más de tres
veces el coste de la ayuda a un parado sin empleo, que el gasto a costa de los
contribuyentes que cuesta cada preso retenido entre rejas).
Claro que los delitos de sangre son necesarios ser
castigados con penas de privación de libertad, pero al mismo tiempo deberían de
aprovecharse para trabajos productivos, no sólo para el mantenimiento del
funcionamiento de las cárceles, sino también para generar el dinero con el que
hacer las aportaciones a las arcas del Estado, como otra forma de pagar la
pena. Con lo cual las cárceles también pueden convertirse en puestos de trabajo
con empleos aptos para presos, en especial aquellos de mayor rechazo social,
que generen recursos económicos para el Estado, para luego destinarlos a
financiar fines de provecho para la ciudadanía, ahorrando la carga fiscal a los
contribuyentes. Lo cual me lleva a recordar aquello de “El trabajo os hará
libres” que ponía a modo de cartel gigantesco en las entradas de algunos campos
de concentración de los nazis alemanes, que aprovechaban para el estado la mano
de obra de los presos.
Por otra parte, los jueces y fiscales, por ser funcionarios
del Estado, y con ello lo que supone de empleo o cargo vitalicio, por la propia
inercia de lo perpetuo, pasan a convertirse en lo que entendemos por enchufes,
unos trabajos en los que no hay motivos ni estimulos para competir,
perfeccionar y aportar eficacia, con lo cual los empleadores de estos puestos
terminan por acomodarse y con ello volverse fácilmente corruptibles, cosa que
lleva a administrar mal la “justicia”, dando como resultado muchas sentencias,
decisiones y resoluciones “injustas”. Con lo cual hay que eliminar los
privilegios de los cargos vitalicios en la justicia, y sustituirlos por
elecciones a jueces y magistrados por unos 4 años, entre los profesionales de
la carrera de derecho junto con otros profesionales que demuestren un mínimo de
capacidad para el cargo judicial, cosa que llevaría a un mayor control
democrático por parte de la ciudadanía y restaría las tentativas corruptibles
tan propias del estamento judicial, pues no sólo se dictan malas sentencias y
resoluciones, sino que además el trato a los acusados muchas veces es
humillante en los calabozos donde están retenidos, sin posibilidad de
defenderse ante una corporación judicial-policial de gentes que se sienten
parte del mismo grupo, y que muchas veces los derechos humanos e incluso la
presunción de inocencia se la pasan por el forro mientras duran los largísimos
procesos judiciales con aquello tan famoso de “la justicia es muy lenta”.
Y naturalmente hace falta una completa informatización de la
justicia, en la que todos los papeleos y expedientes depositados sean de
conocimiento público y al alcance de todos los ciudadanos vía internet. Los
herramientas informáticas han de hacer que la justicia pueda ser mucho más rápida,
y con ello mejor justicia, ya que la justicia lenta como viene siendo lo
habitual termina por no ser del todo justicia, aparte de muchas desagradables angustias
que acompaña en las partes afectadas, sean víctimas o inocentes.
