Su yo fuera presidente, con la alarma social que han generado los numerosos e inaceptables casos de corrupción, esas son las medidas que tomaría urgentemente:
Aunque en principio habría que reformar el país de arriba a abajo, cortando de raíz los orígenes de la corrupción, que no son otros que los excesivos impuestos y la privilegiada casta que vive de modo vitalicio a costa del Estado y sus impuestos, que no son otros que los políticos, a través de sus partidos con sistemas de listas cerradas que se deciden desde el aparato del poder de turno, y la casta de los privilegiados funcionarios que gozan de enchufe y nómina vitalicia a costa del Estado, y por ende de los impuestos de todos los españoles. En otras palabras: bajadas de impuestos (si no hay impuestos, no hay demasiado dinero, y si no hay demasiado dinero, no tienta la corrupción); eliminación del privilegio de funcionario vitalicio, contratando los servicios mediante concurso temporal a la empresa privada donde se fomenta la competitividad, y por ende la eficacia, así como mejor calidad y precio más bajo en los servicios, resultando por ende, costes más bajos para el Estado, y al mismo tiempo mejores servicios que conlleva la competividad; y por la parte que toca a los partidos políticos, sistema electoral de listas abiertas, para terminar con la dictadura del aparato de turno de los partidos del que se aprovechan unos cuantos listos, pero que las personas mejor preparadas y brillantes, suelen brillar por su ausencia de oportunidades.
Pero para buscar soluciones urgentes contra la corrupción, lo primero pasaría por reformar el código penal, haciendo que los tan repetidos delitos de corrupción acabaran por ser un negocio con el que se beneficia el Estado e indirectamente los ciudadanos. Salvo delitos de sangre, y en concreto asesinatos, no soy partidario de meter a nadie en la cárcel, porque eso produce daños colaterales por dos lados: por una parte, la familia que sufre las consecuencias del encarcelado (que muchas veces supone desamparo, por ejemplo, que los hijos tengan a su padre o madre en la cárcel); y por el otro porque un ciudadano en la cárcel no sólo no es productivo para el país al no generar riqueza con su trabajo, tanto por su talento o preparación profesional, sino porque además constituye un gasto innecesario para los contribuyentes, gastos por reo que incluso superan en muchos casos las ayudas en prestaciones por desempleo, pensiones de orfandad, viudez, no contributivas, etc…, con todo lo irónico y hasta injusto que ello supone. En consecuencia, se trata de que nadie tenga que ir a la cárcel por los delitos de corrupción.
Sin embargo, el delito tiene que tener su castigo: se debe de obligar por sentencia firme a que devuelva todo el dinero robado al erario público, más un 50% de lo robado en concepto de multa, así como todos los costes judiciales, incluyendo servicios de investigación policial, fiscalía, etc…. Con lo cual, el acusado puede devolver el dinero, junto con la multa, y si no dispone de él, se procede a embargo de sus propiedades para su posterior venta que cubra todos lo robado, multas, y demás costes judiciales derivados, así como embargos de sus sueldos, dejándole con el equivalente a la mitad del salario mínimo (hasta ahora inembargable por ley). Lo cual también da ocasión a los acusados a pedir dinero a familiares, créditos bancarios, sacarlo de los paraísos fiscales donde disponga de capitales ocultos, etc.. para poder cubrir todo lo que se le reclama en pagar su delito por corrupción. De esta manera el Estado recupera todo lo robado, y además se embolsa una buena cantidad de dinero en concepto de multas, con lo cual llena de recursos monetarios las arcas públicas que se pueden destinar para las necesidades ciudadanas más reclamadas como son ayudas económicas para parados, financiación de políticas de apoyo al empleo, ayudas en forma de becas para la educación, gastos de sanidad, bajada de impuestos, presupuestos para destinar a investigación a favor de la competitividad del país, etc…
Y para facilitar aún más las cosas, animaría a los ciudadanos y a los propios políticos o funcionarios, a delatar y denunciar todos aquellos casos de corrupción, con recompensas de hasta el 15% de la cantidad robada a los entes públicos, con lo cual muchos tendrían la oportunidad de hacerse millonarios a cambio de contribuir a limpiar el país de todos los corruptos que lo saquean, y dichos delitos de corrupción se convertirían en un negocio para el Estado e indirectamente a favor de los ciudadanos que se beneficiarían de ello. Con lo cual quien sienta la tentación de corromperse y robar, ya sabrá a qué se expone.
La misma política aplicaría para el caso de los robos particulares, y si no disponen de medios para devolver lo hurtado, pagándolo con trabajos forzados en beneficio de la comunidad hasta llegar a cubrir el coste de lo robado (que el Estado devolvería a su legítimo dueño), multa y costes judiciales, en todo el tiempo que fuera necesario.
Para evitar la corrupción de la casta judicial (muchas veces cómplice de la política, y hasta de la oligarca), impondría por ley, que los jueces no pudieran cobrar más del importe fijado como pensión máxima (no llega en torno a los 3000 euros mensuales). Con cierto incentivo en primas, por cada caso de corrupción resuelto, lo cual favorecería que no se alargaran demasiado el tiempo de los procesos judiciales, entre recursos, alegaciones, y demás procesos que alargan las vistas para sentencia. Sé que muchos jueces, acostumbrados a sus astronómicos sueldos, se quejarán, pero es sabido que hay sobrados abogados en paro, que gustosamente aceptarían el empleo de juez, por lo que para esas tareas, tenemos profesionales de sobras. Y por supuesto, el cargo de juez sería temporal, con prorrogas renovadas en nuevos concursos-oposición, y no vitalicios que desmotivan en la eficacia, competitividad y laboriosidad.
Con lo cual, sin meter a la cárcel a nadie, reconvirtiendo la inmensa mayoría de las cárceles en otras funciones de utilidad como escuelas, hospitales, u otras funciones polivalentes de utilidad pública, y dejando un mínimo de cárceles para tener recluidos a los culpables de delitos de sangre, el Estado se ahorraría un montón de dinero en gasto innecesario, aparte de que por otro lado recaudaría un buen montón de dinero procedente de los delitos.
Y desde luego los reos extranjeros, todos deportados a sus países de origen, ya que como españoles no tenemos porque pagar innecesariamente gastos de personas que no nos incumben, aparte de que dejamos el país limpio de delincuentes internacionales.
