El gobierno central tendrá de activar el artículo 155 de la
Constitución. En política, como en la guerra, las cosas se pueden hacer rápidas
o cocerlas a fuego lento. Se ha visto que Rajoy con la excusa de la "prudencia"
es un presidente bastante pasivo, aplicado a aquello que dice el refrán
"las cosas se palacio acostumbran a hacerse despacio". Después de los
correspondientes trámites y el aprobado final del Senado español con mayoría
absoluta del partido de Rajoy, el siguiente paso que imagino que dará el
presidente será poner un técnico o una especie de gestor al frente de la
Generalitat con las cuentas públicas de la misma bajo control del gobierno
Rajoy (que es lo mismo que decir que sigue con las cuentas intervenidas por
parte del ministerio de Hacienda que controla Cristóbal Montoro). Y mientras la
Generalitat funciona provisionalmente de esta forma, con esa especie de
"virrey", gobernador, delegado gubernamental o como quieran llamarlo,
al mismo tiempo convocará las elecciones anticipadas autonómicas para que los
residentes en la comunidad catalana elijan nuevo parlamento que escoja un nuevo
presidente de la Generalitat, que está vez tendrá que actuar dentro de la
Constitución y el actual vigente Estatuto Catalán para no volver a incurrir en
los mismos errores que Mas, Puigdemont, y demás grupos políticos contrarios a
la Constitución, teniendo en cuenta que en otros países los grupos políticos
contrarios a la Constitución son ilegales y están prohibidos.
Por otra parte, con toda esta polémica del separatismo
catalán, se ha visto que partidos como PODEMOS y demás confluencias parecidas y
coaligadas bajo la órbita del partido de Pablo Iglesias, son partidarios de la
desmembración de España y en muchas cosas están mucho en la línea de chocar
contra los mandatos constitucionales, lo cual sería importante que su
electorado lo recordara en las próximas elecciones generales.
Y ahora, a raíz del problema de la ruptura catana que ha
ocurrido, son muchos los que se han puesto a hablar de "reforma
constitucional", pero nadie dice en absoluto qué es lo que quiere
reformar. A mi modesto entender, la Constitución queda bastante bien, salvo en
dos aspectos básicos: el Estado de las Autonomías, y el Derecho de Huelga.
Las Autonomías han supuesto 17 parlamentos, 17 gobiernos
autonómicos, y duplicidad (y en muchos casos más que esto) de funcionarios
públicos, que ha multiplicado las leyes (y como es natural, a más leyes, menos
libertades), y nos ha salido tan caro todo que inevitablemente ha supuesto una
mayor presión fiscal que han de soportar los ciudadanos para mantener todo este
Estado sobredimensionado en el cual al absorber tantas cantidades de dinero la
diversidad de entes públicos, hace que inevitablemente la corrupción surja por
si misma en todos los ámbitos públicos y funcionariales y se alimenta
inevitablemente de ese sistema de tener tantos políticos y funcionarios que lo
facilita. De modo que lo ideal sería un solo parlamento y un solo gobierno para
todo el territorio nacional que racionalice y optimice todos los recursos
públicos que han de servir al ciudadano, en vez de las 17 comunidades autónomas
que se ha demostrado ser un absoluto fracaso por lo carísimo que ha salido y
por las corruptelas que surgen por sí misma allá donde por su estructura
inevitablemente hay abundancia de dinero público (que para casi todo el mundo
"lo que es de todos no es de nadie" y por ello quien tiene acceso a
la caja pública, si es posible tomar lo que "siendo de todos no es de
nadie", mejor que la vida es muy larga y está muy cara, aunque muchos
metan la pata y terminen con visitas a los tribunales).
El otro punto, el "derecho de huelga", es un
derecho del que se ha abusado en todos los aspectos, sobre todo por parte de
aquellos operarios que están a nómina de la función pública, cuyo único patrono
son los entes públicos, es decir, los contribuyentes que los sostienen con sus
obligados impuestos. En su condición de empleados públicos, y que disfrutan del
privilegio de empleo vitalicio y saben que no se les puede despedir como
ocurriría en la empresa privada ya que le ampara el estatuto del funcionario
público, abusan en todo lo que pueden de las huelgas, que al final se traduce
en mayores impuestos que han de pagar el resto de los contribuyentes (que esos
son en realidad la "patronal" de los empleados públicos y por tanto
de quienes sale el dinero de las nóminas de los mismos). Además en muchos casos
de huelgas, los ciudadanos ven violentadas sus libertades públicas, con los cortes
de carreteras, amenazas de piquetes, impedimentos para acudir al trabajo,
etc.... Así pues, el derecho de huelga debería de abolirse de la Constitución,
y el gobierno crear la figura del mediador laboral que busca acuerdos en los
convenios teniendo al final la última palabra el propio gobierno en los casos
en los que los salarios sean demasiado injustos y no se alcancen acuerdos en el
"diálogo social" entre las partes para fijar convenios razonables, y
fijando el salario mínimo del país. Habría que ser así porque se ha demostrado
que el derecho de huelga ha sido malo para el país y los ciudadanos, y los
sindicalistas (y con ellos sus "liberados"), han terminado siendo una
especie de mafias subvencionadas por los gobiernos, que al final sólo defienden
los intereses del propio gremio de sindicalistas que sólo viven de las
subvenciones, haciendo lo que les dice la "voz de su amo" (es decir,
los gobiernos, que son los que les mantienen con jugosas subvenciones), en vez
de defender la mejora de las condiciones de los trabajadores, pensionistas y
los parados (de los que ni tan siquiera se acuerdan los sindicalistas).
Dicho todo esto, estas serían las dos reformas básicas que
necesita nuestra Constitución, aunque para todo lo demás en lo que los
políticos han tenido casi 40 años para aplicarse al desarrollo constitucional
en temas como el derecho al empleo, el derecho a una vivienda, o el reparto de
la riqueza nacional, son cosas que no se han convertido en realidades
operativas entre los ciudadanos que deberían alcanzarles esos derechos
reconocidos en la Constitución, y eso es porque ha fallado en esos casi 40 años
que tenemos la actual vigente Constitución Española: porque tenemos unos
políticos ineptos, codiciosos, corruptos y carentes de un mínimo de honestidad
y ética. Y así nos luce.
