La decisión del gobierno de prorrogar el “Plan Prepara” de los 400 euros para ayudar a los parados que se han quedado sin ayudas (a cambio, teóricamente, de seguir algún cursillo –de los cuales casi no quedan al abasto de todos-), supone un presupuesto aproximado de aproximadamente poco más de 740 millones de euros, de los que de momento se benefician unos 300.000 parados en 6 meses.
Una cantidad insignificante, teniendo en cuenta las inyecciones de varios miles de millones que han recibido la banca para rescatarlas. E igualmente cantidad ridícula si se compara en los 100.000 millones que teóricamente se pide al Fondo Europeo de Rescate, en caso de necesitarlo.
Claro que si los ahorradores se encontraran que las puertas de su banco estuvieran cerradas para retirar su dinero, cundiría el pánico, se produciría como una revolución que nadie desea, caería en picado la confianza en España por parte de los mercados, y desde el mismo día que nuevamente se produjera la obertura de los bancos, el dinero sería retirado en masa, escondiéndolo en otros lugares, e incluso evadiéndolo al extranjero. Por eso rescatar la banca ha sido lo prioritario, en vez de rescatar a los parados.
No obstante el “rescate” a los parados produce efectos mucho más beneficiosos para la economía, ya que el dinero que perciben los parados se gasta en alimentación de supermercados, el pago de la luz, agua, teléfono, gas, basura, colegio, impuestos locales, hipotecas, letras de coche, etc…., con lo que supone de beneficioso tanto para la economía como para la recaudación tributaria del país.
En este caso se habría que plantear si dentro de un marco de grave crisis económica, ¿no tendría que ser prioridad primero rescatar a las personas (parados), que a los bancos,…por lo más beneficioso que resulta esa medida para la recuperación económica?.
Por otro lado, para el coste del nivel de vida actual, 400 euros son como una bienvenida limosna de miseria, insuficiente para cubrir gastos con dignidad, por lo que esta ayuda, no sólo habría que ponerlo al nivel de lo que es a partir del salario mínimo reconocido, sino también prorrogarlo indefinidamente mientras siga persistiendo la situación de desempleo permanente, y no sólo mientras el porcentaje de población en paro esté por encima del 20%. Sería un acto de justicia, y el Estado Español puede, sobretodo si prescinde de gran número de gastos inútiles que no benefician para nada al país.
Otro tema a plantear sería estimar si la inmigración nos quita los puestos de trabajo a los españoles, así como absorben varias partidas presupuestarias que mejor serían empleadas en beneficio de los mismos españoles. En otras palabras: si se obliga a la inmigración a regresar a sus países, se resuelve el paro en España, y quizás ya ni tan siquiera sería necesario que nuestros jóvenes tuvieran que emigrar a otros países en busca de esa oportunidad laboral que les niega la misma ingrata patria. Cuestión dolorosa para los inmigrantes, pero de patriotismo para los propios españoles. Personalmente, como español, estoy y estaré siempre por la causa del bienestar y progreso de España.
